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Can Juncadella al diari El País

Una mansión de “interés público”

  • El fiscal ve ilegal una construcción en una zona protegida de Lloret por una empresa kazaja.
  • Imputados el arquitecto municipal y el de la Comisión de Urbanismo de Girona.
  • Las licencias fueron concedidas cuando Xavier Crespo era el alcalde.

La suntuosidad es marca de la casa para los propietarios de Can Juncadella, una finca sobre la playa de Cala Canyelles, en Lloret de Mar. Los vecinos relatan lujos como la celebración de fiestas privadas con fuegos artificiales o el desembarco de ferraris en verano para los amigos de la familia. El último atrevimiento de los dueños ha puesto en guardia al fiscal, que ve indicios de prevaricación urbanística en la licencia para edificar una mansión anexa de “invitados” con 13 suites en un espacio natural protegido.

Finca Can Juncadella

  Obras de la mansión de lujo sobre una cala de Lloret de Mar

El arquitecto municipal de Lloret y el de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona están imputados en el caso. Ambos tendrán que comparecer ante el juzgado de Blanes que instruye la causa después de que el fiscal de Medio Ambiente de Girona, Enrique Barata, haya percibido “indicios fundados de delito” en la concesión de licencias para la construcción de la mansión a Flinder Data, la sociedad que gestiona la finca y tras la que se ocultan los propietarios, una poderosa familia de las altas esferas políticas de Kazajistán. Tras una amplia investigación, Barata ha remitido al juzgado la denuncia penal que presentaron los ecologistas de SOS Lloret.

Las obras de la mansión, situada en el macizo de Cadiretes, rodeada de pinos y surcada por varios caminos que conectan la enorme finca, están muy avanzadas. La construcción constará de 13 suites, 19 baños, salón de té, bodega de licores, piscina con solárium y toda clase de comodidades. El lujo de la finca desata toda clase de especulaciones. “Hay gente que dice que ha visto a Berlusconi”, cuenta un vecino de la urbanización cercana, que no quiere dar su nombre. “Los dueños vienen solo un mes y no van nunca a Lloret”, relata el hombre, que dice que sí es frecuente verlos cenar —a él, ella y un niño— en un restaurante de la zona. La finca tiene acceso directo a la cala y cuenta también con otra edificación junto a la playa.

El problema es que las obras de la mansión están fuera de la ley, que no ampara este tipo de construcción en un Espacio de Interés Natural que forma parte de la Xarxa Natura 2000, según el fiscal. Los hechos denunciados se remontan a 2010, cuando el arquitecto de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona, primero, y el del Ayuntamiento de Lloret después, avalaron la legalidad de las obras basándose en dos artículos de la Ley de Urbanismo, el 48 y el 50. El primero se refiere a proyectos de “actuaciones específicas de interés público en suelo no urbanizable”, mientras que el artículo 50 de la ley (luego reformada) se aplica a la reconstrucción o rehabilitación de masías. El fiscal considera, en el primer caso, que no hay base para defender el “interés público” de las obras. Tampoco es aplicable el segundo artículo, aunque en la finca había un gallinero y una casa de campo antigua, ya que los propietarios derrumbaron esas edificaciones para hacer obras en un espacio distinto, sin que haya ninguna intención de preservación.

Fueron ambos informes favorables los que ampararon al director de la Comisión Territorial de Urbanismo y a la Junta de Gobierno Local de Lloret —presidida por el entonces alcalde, Xavier Crespo— para otorgar los permisos, a pesar de que había tres informes previos desfavorables del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat en relación al mismo proyecto, que recalcaban que en ese lugar solo se puede construir para usos agrícolas, forestales y ganaderos. El fiscal quiere que declaren los técnicos de la Generalitat, así como la arquitecta del Ayuntamiento de Lloret que informó de la ilegalidad de las obras —en contra del criterio de su sucesor— y los mossos que han realizado la investigación, a los que los guardaespaldas que custodian la propiedad negaron la entrada a la finca.

La Unidad Central de Delitos Urbanísticos y Contra el Medio Ambiente de los Mossos d’Esquadra, que investigó el caso, pidió además la imputación de Xavier Crespo, de los miembros de la Junta de Gobierno Local de Lloret y de los responsables de Urbanismo, algo que el fiscal no ha considerado pertinente con los indicios recogidos hasta ahora. Los ecologistas denuncian las “numerosas irregularidades” que se han cometido en la finca y la “dejadez de las Administraciones responsables” a la hora de ponerles freno. El juez deberá decidir si las obras de Can Juncadella son legales o si las Administraciones forzaron con exceso la ley a sabiendas de que se estaba incumpliendo la normativa para favorecer a los propietarios.

* Notícia publicada al diari El País. 16 de desembre de 2012.

Anuncis

Notícia preocupant

La Generalitat vol tirar endevant la prolongació de l’autopista del Maresme després de 10 anys paralitzat.

Notícia sencera, extreta de EL PAÍS el 3 d’agost de 2004.

FRANCESC ARROYO – Barcelona, EL PAÍS – Cataluña – 03-08-2004.

Diez años de nada. Ése podría ser el resumen de las obras de prolongación de las autopista del Maresme hacia el norte. Fueron pactadas por el Gobierno central, del que entonces dependía la vía, con ACESA en mayo de 1994. Luego la concesión pasó a depender del Gobierno catalán, que incluso firmó un pacto en 2000 para desencallar el asunto. Nada de nada. Ahora el Departamento de Política Territorial ha recuperado las conversaciones con los representantes del territorio para activar la cuestión, con vistas a la prolongación de la vía hacia Lloret y Girona.

El acuerdo firmado por el Gobierno central y la concesionaria ACESA establecía que esta empresa construiría, conservaría y explotaría “la prolongación del tramo Montgat-Palafolls de la autopistas A-19 [hoy C-32] hasta su conexión con la carretera GE-600 [hoy GI-600] de Blanes a Hostalric, de tal forma que facilite la adecuada prolongación en su día de la vía de alta capacidad hacia Massanet, así como los tráficos hacia Blanes.”El nuevo tramo”, precisaba el pacto entre las partes, “será libre de peaje para los movimientos internos del mismo, repercutiéndose su longitud en la barrera de peaje de Santa Susanna”.

El pacto incluía la previsión de calendario: iniciar las obras en 1995 y terminarlas en los años sucesivos. Asimismo incluía el compromiso del Ministerio de Obras Públicas de “ejecutar como vía de alta capacidad la unión de la autopista A-19 con la A-7 en las proximidades de Massanet” y añadía que el tramo paralelo de la nacional II “no será objeto de desdoblamiento antes de que en el tramo de la autopista A-19 Palafolls-Conexión con la GE-600 se alcance” un índice medio de tráfico “de 25.000 vehículos diarios”.

El documento está firmado por el entonces secretario de Infraestructuras, Emilio Pérez Touriño, por parte del Gobierno central, y por José Manuel Basáñez en representación de la concesionaria ACESA. ACESA no ha podido hacer nada, pero no por falta de voluntad, sino porque el Gobierno catalán no le ha entregado los terrenos. Siempre ha habido alguien que se ha opuesto al proyecto y los diversos consejeros de Política Territorial (Artur Mas, Pere Macias y Felip Puig) prefirieron evitar el enfrentamiento.

Pacto en 2000: Macias incluso llegó a firmar un pacto en abril de 2000 con representantes del territorio, ecologistas y afectados, con el objetivo de desencallar el asunto. También sin consecuencias.

La prolongación de la autopista hasta saltar el Tordera tiene pocos problemas, pero la cosa se complica con la prolongación en las dos direcciones previstas. El trazado hacia Lloret propuesto por el actual Gobierno catalán no cuenta con el visto bueno de los ecologistas, mientras que el trazado propuesto por éstos con el apoyo de un sector del territorio tiene costes más elevados de lo que Política Territorial desearía. El proyecto del departamento incluye las variantes de Blanes y Lloret, en los terrenos y con los trazados inicialmente previstos por los dos ayuntamientos. Además, sostienen unos y otros, el tiempo corre contra todos los proyectos, porque cada día que pasa hay un trecho más urbanizado en el entorno.

El enlace con la AP-7 presenta otros problemas muy diferentes. Si se efectúa sin más, puede acabar con la efectividad de la autopista del Maresme. Ésta es ligeramente más barata que la AP-7, lo que lleva a pensar que sería sistemáticamente preferida por los camiones de largo recorrido.

Una de las soluciones posibles sería un peaje duro para este tipo de tráfico, de forma que resultara disuasorio el uso de la autopista del Maresme para los camiones de largo recorrido. En cambio, los vehículos de los residentes sí podrían utilizar esta autopista con un peaje blando o incluso sin él, si se satisficieran al completo las peticiones de los habitantes de la zona.

Al margen de este problema, la principal reivindicación del territorio, con Iniciativa per Catalunya Verds como abanderado, es que haya un único corredor entre el Tordera y Massanet, de modo que no se machaque un territorio que aún conserva abundantes parcelas destinadas la agricultura, sin contar con la subsistencia de masas boscosas.